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Opinión: Sistema de Banca para el Desarrollo es palanca para la reactivación y crecimiento económico

Costa Rica está de frente a múltiples desafíos; décadas de indecisión política, corrupción, irresponsabilidad fiscal, incapacidad en la gestión pública y abusos, entre otros factores, que han llevado el País al borde de una crisis sin precedentes.

Desde el Partido Unidad Social Cristina (PUSC) hemos sido claros que la solución requerida debe necesariamente considerar, además de una reforma fiscal, una fuerte reducción del gasto público, recuperar el Estado la capacidad de hacer infraestructura pública y finalmente, impulsar la reactivación económica y lograr un mayor crecimiento económico, este último aspecto, debe ser congruente con la capacidad real que tiene el País para crecer, lo cual ciertamente es mucho mayor que las tasas registradas durante los últimos años.

Como país debemos aspirar a tasas de crecimiento -ojalá- igual o superior al 6%, esto debería ser un objetivo país, donde todo el esfuerzo público y privado se oriente a lograr una meta de esta naturaleza, es ésta la mejor forma de generar empleo de calidad, reducir el vergonzoso índice de pobreza que tenemos, así como bajar los niveles de inseguridad y lograr impulsar el desarrollo que Costa Rica merece. Esta es una meta que nos corresponde como sociedad para con las futuras generaciones y, es la forma de honrar a los antepasados que forjaron un país con visión de largo plazo y progreso que hace ya hace mucho tiempo hemos venido perdiendo.

El pasado 25 de setiembre, la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, que tengo el honor de presidir, dictaminó de forma unánime afirmativa el Proyecto de Ley N° 20.460 “REFORMA DE LA LEY N° 8634, SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO”, para consolidar el marco legal y operativo del Sistema. Entre los principales avances, las bases y condiciones para el desarrollo de un fuerte ecosistema emprendedor, cometido que se logra al orientar recursos e instrumentos financieros para el fomento y sostenibilidad de este estratégico sector de la economía.

Una vez aprobada esta reforma en el Plenario Legislativo, el 25% de los recursos fiscales que recibe el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) del denominado impuesto a la “Banca de Maletín” será para el fondo de Capital Semilla y Capital de Riesgo, lo que representa un aporte anual en el orden de los 3.500 millones de colones; asimismo, se autoriza para que el Fondo de Avales y Garantías del SBD pueda emitir avales de contragarantía, en apoyo de aquellas Pymes que, con un adecuado acompañamiento empresarial, eventualmente incursionen en el mercado de valores, donde un aval del SBD puede funcionar como mejorador de riesgo, para que inversionistas adquieran bonos de Pymes dinámicas para impulsar su crecimiento.

Se amplían las obligaciones para el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) en cuanto al uso de los recursos que debe dedicar al SBD. Actualmente la ley del Sistema autoriza al INA a desarrollar procesos de preincubación, incubación y aceleración de empresas, así como transferencia tecnológica, con la actual reforma, deberá brindar el servicio de incubación de empresas de forma directa o contratando servicios con incubadoras ya existentes, como podría ser AUGE de la UCR. Una persona que cursa formación técnica en el INA podría ser capacitada también en gestión empresarial, su proyecto de graduación podría ser su propio emprendimiento que recibirá acompañamiento empresarial, así como recursos de capital semilla y créditos blandos del SBD. Con estos fondos el INA podría cubrir los costos de uso laboratorios de Universidades Públicas, para que emprendedores con ideas y proyectos de base científica y tecnológica puedan desarrollarlos y escalarlos, así se aprovecha la infraestructura pública y capital humano donde el país ha invertido gran parte de los impuestos; es decir, a partir del Sistema de Banca para el Desarrollo, se crea lo que podría llamarse el Sistema Nacional de Emprendimientos.

Otro cambio de fondo que incluye esta reforma, es la transformación del Fideicomiso Nacional para el Desarrollo (FINADE) en un Fondo Nacional para el Desarrollo (FONADE), con capacidad para apalancar su patrimonio con garantía estatal, eliminando costos de intermediación por fiducia, lo que le ahorrará al SBD más de 1.300 millones de colones al año en comisiones, al mismo tiempo, se le permitirá con políticas claras y buenas prácticas de gestión, dotar los recursos necesarios para atender la demanda de financiamiento de las Mipymes.

La reforma de octubre de 2014 permitió que el Sistema lograra un rápido y acelerado despegue, que en solo tres años de implementación efectiva y con corte al 30 de junio del 2018, ya registra un otorgamiento de crédito acumulado de 444.474 millones de colones, cuyo saldo a esa fecha asciende 340.086 millones de colones en más de 40.000 operaciones de crédito, cifra que representa un 18% del total del crédito otorgado a Mipymes por el Sistema Financiero Nacional, según los datos de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF). La tasa anual de interés promedio del SBD (7.94%) es prácticamente la mitad de tasa de interés promedio del SFN (16.10%), lo que evidencia el impacto que tiene en el crédito productivo.

En esta ocasión deviene imperativo para esta Asamblea Legislativa, dar pleno respaldo para la consolidación de una legislación que contribuye con los objetivos de reactivación y crecimiento económico que el País demanda.

Este dictamen unánime afirmativo del proyecto de ley es un paso importante para lograr más empleo de calidad, lo que incide positivamente en reducir la pobreza y la inseguridad, aspectos fundamentales para impulsar el desarrollo del país en procura de un mayor bienestar para todos y todas.

Pablo Heriberto Abarca

Diputado Presidente de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa

phabarca@phabarca.com

Artículo de opinión publicado en crhoy.com